El pleno del Consejo de la Judicatura resolvió suspender de sus funciones a dos servidores de justicia quienes laboran como agente fiscal y un secretario de la fiscalía en la provincia de Santa Elena.
A los
mencionados judiciales se le sigue un proceso disciplinario debido a una
denuncia en su contra supuestamente por no haber acogido un caso con atención
prioritaria a un menor de edad.
El CJ
dispuso ayer a la dirección provincial de Santa Elena para que se continúe con
el trámite inmediato del expediente, de esta manera se iniciará la etapa de
prueba en donde los acusados deberán presentar sus descargos del hecho que se
les imputa.
La
suspensión durará al menos tres meses y los funcionarios no recibirán sus
remuneraciones hasta que se resuelva su situación y el CJ de su dictamen del
caso.
“El Consejo
de la Judicatura en cumplimiento del debido proceso, utilizando los ejes de
acción no va a permitir actos de corrupción dentro de la función judicial, vamos
investigar de manera exhaustiva todos los casos que se denuncien”, manifestó
Augusto Pino, director del CJ en Santa Elena.
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